martes, 10 de enero de 2017

baja de imputabilidad de los adultos

La propuesta de bajar la edad de imputabilidad de los adolescentes trama una extensa red de debates… en contra. Paradójico. Pocos argumentos a favor, solo propuestas lanzadas al viento y atajadas con gran habilidad por periodistas, ministros y militantes del hambre y la injusticia. Ciudadanos atrevidos y parlanchines que sentados en un café hablan de todo sin saber de nada. Insultan, gritan, vociferan y amenazan retirar su voto al candidato que votaron anteriormente.  Como si la reforma de la ley les permitiera a ellos hacer justicia. Muy interesante. ¡Y el Ministro! El empleador de la esposa del juez Ercolini, dice que hay que cambiar la ley penal juvenil porque rige una norma de la dictadura. ¡Qué novedad! Una excusa pobre. No es necesario centrar el debate en la edad a partir de la cual el Estadio podría aplicar la ley penal. Porque lo que se propone es eso, no que Ud. vecino pueda castigar, sino una atribución del Estado.
Lo cierto es que la propuesta aparece después del caso del adolescente asesinado en Flores por dos motociclistas que acababan de asaltar a una persona en la vía pública. En un abrir y cerrar de ojos, uno de los motociclistas, también adolescente aparece en Chile. Y de buenas a primeras lo traen al país y nada más se sabe de él. Según el blog Pájaro Rojo esto sucede debido a las conexiones entre el adolescente victimario y la cúpula de Boca Junior ( http://pajarorojo.com.ar/?p=31297) ¿Y si estuviéramos frente a una situación relacionada con el fútbol? Muchos pudieron reconocer en la noche en que se intento tomar la comisaria 38, a miembros de barras de diversos clubes de fútbol. Si tomamos por cierto lo que se expresa en la nota citada, estaríamos frente a una situación mucho más grave y políticamente relevante: la complicidad de altos estamentos gubernamentales y sociales en el uso de jóvenes en el tráfico de drogas prohibidas y la utilización de barras para romper las movilizaciones pacificas que buscaron justicia y transparencia en la comisaria.
En toda relación social hay poder. La distribución asimétrica y nunca constante modela un flujo que muta. Las relaciones que se constituyen en el acto delictivo también. La impronta personal, los recursos con que se cuenta, el imaginario colectivo, la incidencia mediática. Existen muchos motivos por los cuales un joven se adentra en el mundo del delito. Pero son visibles las tramas que relacionan a ciertos delitos con la policía en muchos lugares. Otra cuestión es el ejercicio de poder de policía por civiles, que participan en enfrentamientos o emprenden persecuciones, como el caso de Flores.
¿Qué motivaría a una persona que conduce un auto con un menor de edad como acompañante, a emprender la persecución de dos presuntos delincuentes motorizados? ¿El ansia de justicia? ¿El amor a la justicia? ¿Una reparación personal? ¿Un acto estúpido? ¿Todo esto y más? ¿Por qué queremos castigar, dominar, disciplinar?  El impulso al castigo, la omnipotencia de dar palo a quien se supone se lo merece es una forma de relación instituida: dominar, controlar, disciplinar. No es otra cosa que la necesidad de protegerse contra el miedo, que también es una construcción social. Del miedo fundante, tal vez a la muerte, la sucesión de peligros que se instalan tienen que ver básicamente con el temor a perder nuestra integridad: física, material, vincular. Lo más peculiar de este fenómeno es que quien quiere proteger a un conjunto, decide empezar estudiando como castigar a otro, que torna o define como peligroso o riesgoso para las mayorías. Es una paradoja, ya que mas efectivo seria planificar como prevenir que suceda eso que cada tanto sucede y parece poner los pelos de punta a más de uno y dar pasto a varios para instalar temas: que un adolescente cometa un delito, más específicamente un homicidio.
Actualmente, desde la gestión Sola, la ley que crea el fuero penal juvenil de la provincia de Buenos Aires habilita la medida de seguridad como herramienta de actuación judicial por parte de los jueces de garantías del joven. O sea, detener a adolescentes no punibles por su edad en centros de menores, sin ser menores ya que no se les puede aplicar la ley penal. Más bien es una medida que permite segregar. Para quienes mascullan bronca sobre la propuesta del PRO, las medidas de seguridad se siguen aplicando. Para los que apoyan la propuesta PRO, las medidas de seguridad son un eufemismo para definir la privación de la libertad. Y justamente lo que se propone con este proyecto es habilitar la aplicación de medidas penales a menores de entre 14 y 15 años, entre ellas la privación de la libertad. Pero no solo. Por lo que el debate, más que frases hechas y muletillas atrasadas debe darse desde una perspectiva política y no solo jurídica. Por lo pronto, la comisión de expertos posible esta armada con juristas, lo que de por sí es un problema. La discrecionalidad del derecho para estudiar problemas sociales es igual a la de la psicología, el psicoanálisis y la antropología. Los más adecuado es la formación de una comisión interdisciplinaria… o la creación de espacios de debate público, como ha sucedido en otros temas relevantes de nuestro país, como la ley de medios. ¿Qué dirán los adolescentes de esta propuesta? Pero claramente, desde su origen, la propuesta misma no tiene en cuenta los posibles aportes de los adolecentes para proponer en un tema que les compete, justamente lo que promueve la CIDN. Cuando los adultos nos atribuimos pensar por los jóvenes solo hacemos cagadas.
Pero Peña Braun y Garavano no son originales. No es una propuesta novedosa reformar el código penal poder extender su aplicación. En general es una propuesta coherente con un modelo político excluyente en una sociedad históricamente luchadora y movilizada para defender sus conquistas, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de sus dirigentes. Y tenemos claro que lo que se quiere hacer está dirigido a la eterna clientela del sistema penal, los jóvenes excluidos del mundo del trabajo, los desclasados del modelo de acumulación dominante, los atrapados en las redes de corrupción policial. Son los jóvenes provenientes de familiar que no tienen cuentas en Panamá ni viven en un Barrio Privado. Tal vez son miembros de familias a las llegan los movimientos sociales y territoriales que trabajan en la periferia de los grandes centros urbanos. A ellos también nos gustaría escuchar. Es perentorio invitar a los jóvenes y adolescentes a participar activamente en estos debates, que les incumben como generación. De lo contrario dejaremos en manos de Peñas y Garavanos, personas ocurrentes sin conocimientos o de escasa experiencia.
Los verdaderos protagonistas en este debate son los jóvenes, ciudadanos por derecho en este país. Pero no solo aquellos que son los potenciales clientes del sistema de control penal.
Una revisión critica de todo lo que la democracia no hizo desde 1983 debe abrir un debate que supere la insistencia en discutir la edad de imputabilidad. Un analisis de las practicas institucionales desarrolladas en los programas de abordaje de adolescentes en conflicto con la ley penal quizás permita recoger buenas practicas, que puedan ser potenciadas y compartidas.




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